Por Rafael G. Santana
Algunos fiscales en las diferentes jurisdicciones descuidan sus responsabilidades para dedicarse a perseguir a oficiales y agentes de la policía que ellos entienden violan los derechos de reconocidos delincuentes.
Eso no es todo, sino que utilizan la herramienta de la Dirección de Asuntos Internos de la Procuraduría General de la República para enviar comunicaciones requiriendo a esos oficiales y policías violando de esa manera la jurisdicción policial que para esos fines tiene una Inspectoría General y la Dirección de Asuntos Internos.
Se entiende que asuntos internos de la Procuraduría debe investigar acciones indebidas de los fiscales y dejar a los organismos establecidos de la policía concluir cualquier investigación de hechos que cometan sus miembros.
El hostigamiento de los fiscales defensoress de los derechos humanos de los delincuentes tiene desesperada a la Dirección de Investigaciones Criminales DICRIM de la policía que no puede trabajar los casos complejos en paz, sino en medio de una guerra interna declarada por esos personeros. Eso no es todo, sino que los fines de semana desde el viernes en la tarde los fiscales abandonan sus oficinas y áreas de trabajo para irse de vacaciones.
La delincuencia que no duerme aprovecha esta brecha para cometer robos, atracos y otros delitos porque saben que por el tiempo establecido en el Código Penal Dominicano si la prisión no está motivada en el plazo requerido el lunes cuando llegue a la fiscalía se caen los casos.
Tiene mucha razón el jefe de la policía Manuel E. Castro Castillo cuando llama la atención de la manera espantosa en que la justicia deja en libertad a los delincuentes por una actuación poco responsable de los tribunales que conocen los casos.
Precisamente por esa irresponsabilidad es que sicarios, asesinos y otros delincuentes que tienen recursos económicos y abogados expertos que sirven al crimen organizado salen en libertad con sentencias vergonzosas que ordenan la entrega de las armas de fuego y los bienes.
La policía y la fuerza de seguridad de la Nación les están ganando la guerra a la delincuencia y el crimen organizado en las calles y la están perdiendo en los tribunales. Esa es la realidad y esto debe cambiar si se quiere tener seguridad y paz ciudadana.
El Mayor General, Castro Castillo en reiteradas oportunidades ha llamado a cada sector para que cumpla su responsabilidad en el combate de la violencia,, el narcotráfico, el microtráfico y el crimen organizado.
Este es un reclamo justo y responsable que se debería aceptar para obtener mejores resultados.
El mejor plan de Seguridad Ciudad es la aplicación de la ley sin privilegios.
La antropóloga Tahira Vargas y el siquiatra Vicente Vargas Lemonier, coinciden en que el, reflejo de un sistema de justicia frágil y vulnerable donde impera la impunidad son factores para que jóvenes y adolescentes delinquen por múltiples circunstancias tanto familiares como de la sociedad misma.
Esto quiere decir, que lo planteado por el Mayor General Castro Castillo es la pura verdad.
El Procurador Francisco Domínguez Brito debe detener el auge de la impunidad y llamar la atención a esos fiscales que mal interpretando las circunstancias y la ley sirven a lo peor de la sociedad que son los delincuentes. Y lo que es peor muestran mucho interés cuando se trata de aplicar la ley a un alto oficial o un policía.
Así no señores fiscales.