Por Rafael G. Santana
La máxima expresión de la narco política en la República Dominicana son los casos de el ex capitán del ejército Quirino Ernesto Paulino Castillo y el boricua Figueroa Agosto.
Estos dos personajes del crimen organizado tenían una poderosa estructura en los estamentos de los partidos políticos, mandos de la policía, militares, fiscales, jueces, periodistas, seudos empresarios, senadores, diputados, regidores, alcaldes, abogados, y funcionarios gubernamentales que garantizan la impunidad.
En Colombia, desde el 1965 al 1985 su puso de manifiesto la incidencia de la narco política sustentada por los clanes de la esmeralda liderada por Efraín González, Don Efraín que murió el 9 de junio de 1965 en enfrentamiento con las autoridades.
Se estima que Don Efraín personalmente asesinó a 117 personas.
El periodista colombiano Fabio Castillo, en el libro Los Jinetes de la cocaína detalla los senadores, diputados y concejales que sirven al narcotráfico.
Sobre el particular Castillo en la página 18 afirma conscientes de su debilidad, en su mayoría los esmeralderos son campesinos iletrados, pero con elevado poder económico cada grupo concesionario de la explotación de minas patrocina sus propios congresistas.
Entre los actuales congresistas vinculados con los dineros y los intereses de los esmeralderos, se encuentra el senador liberal Zamir Amín, ex magistrado del Tribunal Administrativo.
Otro congresista en circunstancias similares es Guillermo Torres Barrera, senador conservador, ex gobernador de Boyacá.
Gustavo Rodríguez Vargas, líder de su propio grupo político, el Movimiento Nacional Conservador y se considera heredero natural del capital político de la senadora Bertha Hernández de Ospina Pérez, cuyos nietos están vinculados al tráfico de cocaína.
La explosiòn de los nuevos ricos dio lugar a incidentes como el de un ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Julio Salgado Vásquex, que terminó asesorando a los narcotraficantes.
También, es oriundo de Antoquia el senador Álvaro Uribe Vélez, cuyo padre Alberto Uribe Sierra, era un reconocido narcotraficante, el ex presidente Uribe Velez es líder de los para militares que sabotean el proceso de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la FARC.
Los coqueros buscaron la solidaridad social a través de programas que aparentaban tener un sentido cívico, como Medellín sin Tugurios, plan lanzado por él alcalde Alvario Uribe Vélez.
Severo Escobar fue diputado a la asamblea y representante la cámara. El senador conservador Miguel Santa María Dávila.
Escobar Ortega brindó apoyo económico a los candidatos conservadores a la presidencia de la República, incluido Belisario Betancur, a quien le correspondía más tarde firmar su extradición.
Jorge Darío Gómez Van Griecken fue capturado siendocongresista el 21 de febrero de 1983, Miguel Pinedo Vidala congresista por el Magdalena en 1975. Víctor Dangond Noguera, representante a la Cámara, Víctor Orlando, diputado a la Asamblea Nacional, Antonio Escobar Bravo, congresista y narcotraficante, José Ignacio Nacho, Vives Echavarría, senador
La libertad como se movían estos senadores y diputados provocó que el director del diario El Espectador Guillermo Cano, en su columna Libreta de Apuntes, pero sus arranques, de un día para a otro. Se sabe quiénes son y por dónde andan los fugitivos de la justicia: muchas gentes los ven o se hacen que no los ven son los encargados de ponerlos aunque sea transitoriamente entre las rejas de una prisión.
El asesinato de Cano a cargó de sicarios al servicio de hablo Escobar, se produjo por la valentía de éste en poner en evidencia las actividades criminales de este diputado.
En la Semana Santa en la República Dominicana una jueza interina de la oficina de Atención Permanente de la Romana, dejo en libertad simple y puramente a los venezolanos Carlos Justiniano, Jorge Henríquez, Gregory Frías, Gerardo Díaz y Jean Carlos Díaz, quienes fueron detenidos cuando se disponían a transportar desde el aeropuerto de La Romana un cargamento de 359 kilos de cocaína.
Sobrada razón tiene el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), Mayor General Julio César Suffrount Velásquez cuando condena este proceder de la jueza llamando la atención de que esto estimula el narcotráfico y empaña sensiblemente la imagen de la justicia.
Los carteles de las drogas no solamente financian candidatos en las elecciones como sucede en este momento, sino que aprovechan las caravanas de los partidos para transportar cargamentos de drogas en lujosas jeepetas que escoltan a los candidatos de los todos los partidos.
El Procurador Anti lavado Germán Villalona denunció que se investigan a 20 candidatos a cargos electivos por estar vinculados al narcotráfico. Ojalá se diga quienes son y los paridos que pertenecen.
En las provincias de Jimaní y Elías Piña en el 2015 y el 2016 se apresaron y fueron sometidos a justicia a dos regidores pertenecientes a partidos mayoritarios como responsables de transportar dos cargamentos de marihuana ocultos en caletas. Y otro regidor de Pedro Bran guarda prisión por narcotráfico y sicariato.
Poco a poco el narcotráfico y el crimen organizado permean las actividades políticas y las elecciones.
La Junta Central Electoral y la Procuraduría General de la República son las llamadas a proceder de inmediato inhabilitando estas candidaturas.
Se saben quiénes son y cuántos son, entonces porque se ocultan los nombres.
Lo que sucede en este momento en el país es muy grave. Tanto Roberto Rosario presidente de la JCE y el procurador Francisco Domínguez Brito, tienen que hacer cumplir las leyes enviados a las cárceles a estos narco delincuentes disfrazados de candidatos de los partidos.
